La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado “urgente” a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los poderes legislativo y judicial, a trabajar en conjunto para eliminar la corrupción sistemática “que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos”. Lo anterior, frente a la creciente crisis en desabasto y distribución del agua que se vive en diversas regiones de México, principalmente en las zonas centro y norte.
En un pronunciamiento, resaltó que actualmente, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país concesionados se encuentran acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras, según datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Ello “confirma la prioridad que se ha dado desde los diversos poderes del Estado a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, para hacer uso de estos recursos sin considerar las afectaciones que han desatado en las diversas poblaciones del país, quienes no solo enfrentan la escasez del agua para uso cotidiano, sino la contaminación de ríos, lagos y lagunas que ponen en riesgo la salud pública y el pleno desarrollo y goce de diversos derechos humanos”, aseveró.
Insistió que los problemas de sequía y desabasto que enfrentan algunos estados, principalmente para consumo doméstico, “tomando en cuenta que hoy, sólo el 69 por ciento de los hogares en México reciben agua potable diariamente”, no se deben sólo a factores naturales, “sino a la sobreexplotación de acuíferos que se ha permitido bajo el cobijo de las leyes actuales, las cuales priman la privatización de los recursos hídricos nacionales, favoreciendo a las grandes industrias y dejando en el desamparo y la precariedad a un importante porcentaje de hogares mexicanos, sobre todo a las familias más pobres o vulnerables”.
La CNDH enfatizó que resulta prioritario que el Estado mexicano deje de ver en el agua “un producto mercantil más que puede ponerse a disposición de grandes capitales nacionales o internacionales con meros fines de lucro -como se hizo durante el llamado periodo neoliberal-, ya que dicha forma de concebir a los recursos hídricos prioriza su uso dentro del mercado y dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente”, pese a tratarse de un recurso protegido por la Constitución en su artículo cuarto, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
