La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de 10 años para que ex funcionarios de mando superior pudieran laborar en empresas privadas que supervisaron o regularon.
Por unanimidad, el Alto Tribunal invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), porque afecta la libertad de trabajo y porque el plazo que establece es excesivo.
La ministra Norma Piña, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la norma es inconstitucional porque la afectación al derecho al trabajo no es proporcional al objetivo de combatir la corrupción y evitar conflictos de interés.
“La norma es inconstitucional porque el grado de afectación que en el caso sufre el derecho al trabajo, no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo. Si bien la Constitución prevé restricciones a la libertad de trabajo en casos similares, la intensidad de estas restricciones previstas en la Constitución no supera los tres años y por lo tanto es significativamente menor a la prevista en la norma”.
Por su parte, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que el precepto impugnado establece un plazo innecesariamente largo, además de que se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio.
