Citlalli López
El 44 por ciento de los asesinatos violentos de mujeres cometidos en este año en Oaxaca, se concentran en municipios que no son considerados de riesgo dentro de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.
Para el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, lo anterior tiene dos lecturas; por un lado que la violencia feminicida se ha extendido en el estado y por otro, mostrar que la Alerta no ha funcionado.
Al hacer un recuento de las mujeres que este mes han sido víctimas de feminicidio, la organización que actualmente preside Angélica Ayala Ortiz destacó que, todos estos cuerpos son una clara muestra de la situación de violencia feminicida, que se enfrenta en la entidad.
Desde agosto de 2018, la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta para 40 de los 570 municipios con los que cuenta Oaxaca, por considerar que había que llevarse acciones urgentes para erradicar todas las formas de violencia, en especial la violencia feminicida.
Sin embargo, desde aquella fecha hasta ahora 403 niñas y mujeres, han sido víctimas de asesinatos violentos.
En su análisis realizado ante los recientes feminicidios, el GESMujer indicó que de enero a la fecha suman 36 mujeres asesinadas de manera violenta, lo que representa que en menos de cuatro meses se han registrado el 41 por ciento de la totalidad de feminicidios cometidos en 2021.
En contraparte, señaló, que la actuación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, actualmente al mando de Arturo Peimbert Calvo, quien como fiscal promovió la misma Alerta de Violencia de Género, mantiene las mismas prácticas de actuación omisas y negligentes; investigaciones carentes de una perspectiva de género, con la clara intención de ocultar o minimizar la violencia feminicida, así como la revictimización de las familias que exigen justicia.
Agregaron que las condiciones de inseguridad, la falta de aplicación de protocolos para la localización de niñas y mujeres desaparecidas, el machismo y la misoginia presente en las relaciones de pareja, en las instancias de procuración de justicia encargadas de prevenir y atender la violencia de género, así como la permisibilidad que da la impunidad de que asesinar a una mujer no tiene consecuencias, dan muestra de un estado fallido.
