La Secretaria de Gobernación justificó su decisión de hacer a un lado a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la toma de decisiones relacionadas con la asignación de presupuesto y aprobación del anexo técnico, que son las medidas preventivas y de protección para las personas que enfrentan riesgos por sus actividades.
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunció ayer que esta medida debilita al Mecanismo, sin embargo, las autoridades respondieron que la decisión tiene un fundamento legal.
“La Secretaría de Gobernación, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación Anual, es quien ahora provee de recursos presupuestales al citado mecanismo de protección y por tanto, ya no se contempla que los anexos técnicos se sometan a la aprobación de la Junta de Gobierno del mecanismo de protección, toda vez que la supervisión de la ejecución y administración de los recursos, a fin de brindar transparencia y rendición de cuentas, se realiza mediante los órganos del Estado facultados para tal efecto, tales como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y/o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de los órganos de control interno”, informó en un comunicado.
“La Coordinación Ejecutiva Nacional tiene la atribución plena de administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de la ley, contemplando la celebración y suscripción de contratos de servicios integrales y sus respectivos anexos técnicos”.
La dependencia detalló que mediante un decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 se extinguió el Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con él la facultad de la Junta de Gobierno para aprobar la contratación, adquisición, arrendamiento de bienes y prestación de servicios necesarios para la implementación y operación de las medidas de prevención, preventivas, de protección y urgentes de protección, contemplada en el capítulo V de las reglas de operación del Fideicomiso.
Con estos cambios, la Coordinación Ejecutiva Nacional se fortalece como el órgano responsable de la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que la Junta de Gobierno pierde la capacidad de decisión.
