Como hemos venido informando, desde principios de este año 2022, el Movimiento Antorchista de Oaxaca, presentó al gobierno del Estado un pliego de demandas que contenía: la lista de los rezagos sociales en servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje, vivienda, etcétera, en las comunidades donde nuestra organización tiene presencia; además, se enumeraron asuntos políticos y agrarios que requieren atención gubernamental. En las peticiones de atención a obra social, nuestras demandas fueron sometidas a las reglas de operación estatal y federal y, como consecuencia, se nos depuró la lista por cuestiones de elegibilidad, quedando en un mínimo respecto al planteamiento inicial.
No creo indispensable justificar las necesidades de obras sociales que existen en las regiones de Oaxaca, derivadas de la marginación y pobreza en que se encuentra el estado. Considero que las necesidades de los pueblos y colonias son evidentes, por eso me enfocaré a informar sobre el curso que han tomado dichas demandas. De esa reducida lista de obras, aunque algunas, -las mínimas-, han sido autorizadas, la mayoría sigue en el limbo oficial; de los programas al campo y la vivienda están en la misma situación; los asuntos políticos y de justicia, pocos avances se han concretado y siguen en “las mesas de negociación”.
Casos especiales, en la exigencia al gobierno, han sido el tema educativo de la comunidad de San Miguel Monte Verde, de la región Mixteca, que, aunque ha habido avances, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO) no ha cumplido con la parte que le toca para finiquitar dicha problemática; la misma suerte a corrido la obra de camino de San Pedro Evangelista, Municipio de Matías Romero, que gracias a la burocracia del gobierno no se ha podido ejecutar, pese a haber cumplido desde el año pasado todos los requisitos.
Un asunto de gravedad se suscitó el 25 de julio en el núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñama, donde fue acribillado, a balazos, el campesino Alejandro Antonio Cruz y otros cinco resultaron heridos con armas de alto calibre; esto sucedió cuando se encontraban trabajando sus tierras. Tras los hechos pasaron varios días sin que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se pronunciara y comenzara una investigación; y sólo después de la denuncia pública por parte del Movimiento Antorchista Oaxaqueño, en una rueda de prensa en plena Guelaguetza, nos atendió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a quien le informamos del estatus de nuestras demandas y del lamentable suceso para el que exigimos justicia.
El gobernador del Estado reconoció y no refutó ninguno de nuestros argumentos y dio instrucciones al Secretario General y al Consejero Jurídico; por teléfono nos enlazó con otros funcionarios y se fijaron fechas para las reuniones con los encargados de distintas áreas, entre ellos, el Fiscal General del Estado Lic. Arturo Peimbert; pero, ¿qué pasó después de eso?, las reuniones programadas no se cumplieron y las que se han realizado fueron para adquirir nuevos compromisos que no se han concretado.
¿Es esta una estrategia abierta de engaño para no resolver?, es que, ¿los funcionarios no respetan las palabras de la máxima autoridad en el Poder Ejecutivo? Si es una maniobra, no sería novedoso; lo único que confirmaría es que esa vieja manera de hacer política, ahora sin la mínima diplomacia, le tuvo que entrar al quite el propio gobernador. Esa “estrategia” del gobierno oaxaqueño tiene la intención de que nos desgastemos y que regresemos a nuestros hogares sin resultados, desanimados y listos para abandonar la lucha. Si fuera el segundo caso, no es menos grave, ya que el momento de la discusión y validación de las demandas quedó superado; operar en contra de un gobernante que tiene la razón, es una traición, aunque en las palabras se diga otra cosa, lo que buscan los funcionarios de menor nivel es desprestigiar a la autoridad en turno. Las dos posibilidades, parece, están condenados al fracaso y desembocan en el mismo lugar: la falta de credibilidad de las palabras y el desprestigio del gobernador.
La débil estabilidad social en nuestro país y en Oaxaca, como el acontecimiento que describí en la región Mixteca, las muertes de activistas defensores del medio ambiente, de empresarios, etc., no dejan lugar a dudas, aunque se presuma “seguridad y crecimiento”, que nuestra entidad se está acercando peligrosamente una crisis mayor como en el centro y norte del país. La prepotencia y arrogancia con que actúan algunos funcionarios y el fiscal, son peligrosas porque alientan a la impunidad desde las estructuras del gobierno y por quienes deben hacer justicia. Para los luchadores antorchistas, de toda la vida, lo tomaremos como una prueba más. Tendremos elementos, de sobra probados, para decirle a los oaxaqueños el tipo de gobernantes que tenemos, buenos para el discurso y las propagandas como el “Modelo Oaxaca”, pero que detrás de ello se esconden intereses que están muy lejos de servirle al pueblo; por esa razón, no merecen volver a gobernar. Una vez más los antorchistas nos vemos obligados a denunciar la actitud superficial y omisa de los subalternos y de funcionarios liliputienses del gobernador Murat Hinojosa.
Oaxaca requiere de políticos sensibles, capaces y visionarios pero no solo en el discurso, sino con resultados; el gobernante puede y debe tener buenas ideas, pero si sus resultados se reducen a cero, quedará probado que es un demagogo. Yo soy partidario de que los responsables directos son los funcionarios que dirigen las dependencias, pero, ¿dejará el gobernador que éstos sigan burlándose de sus indicaciones? Los antorchistas no estamos pidiendo algo imposible ni fuera de la ley; por el contrario, solo exigimos que se cumplan las palabras del señor gobernador y que se atiendan problemáticas del pueblo oaxaqueño y que se haga justicia en Santo Domingo Yosoñama. Teniendo claro que solo el tiempo y la lucha descubrirán la verdad oculta, usaremos nuestro derecho constitucional a manifestarnos nuevamente para abrir el camino hacia la verdad. No hay de otra.
