México debería eliminar la prisión preventiva oficiosa porque es contraria a los derechos humanos, consideraron expertos del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
“La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”, sentenció Miriam Estrada-Castillo, presidenta del organismo.
Agregó que tanto la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura se han pronunciado por la eliminación de la medida.
Indicó que la medida, establecida en el artículo 19 Constitucional, ha provocado “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
Señaló que la medida también resulta contraria a la independencia judicial, a la obligación de probar jurídicamente los motivos para ordenar la detención; además de que compromete las garantías sociales a no sufrir tratos crueles o degradantes y tortura.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio«, advirtió Estrada-Castillo.
