Citlalli López / NVI
Una cadena de irregularidades, omisiones institucionales y violencias, transgreden la vida de “Ana”, una adolescente mixe con discapacidad cognitiva, víctima de maltrato físico, embarazo por violación y trata de persona.
La historia de “Ana”, nombre ficticio para proteger su identidad, se inscribe en un contexto de alto grado de impunidad, falta de actuación oportuna y adecuada.
Un acta convenio avalada por la autoridad municipal de San Juan Colorado, distrito de Jamiltepec, revela que el delito de violación contra la menor de edad había sido denunciado antes de octubre de 2021. Hasta este momento la Fiscalía no ha logrado detener al agresor.
Por otro lado, también revela cómo la autoridad municipal de San Juan Colorado, avaló de manera ilegal la entrega de la tutela de “Ana” a Ponciano G. G., habitante de la agencia “La Soledad”, quien buscaba quedarse con la bebé.
Rafael Quiroz Mendoza, tío de “Ana”, así como traductor y representante de Tobías Quiroz -abuelo de la adolescente-, relató que, en octubre del año pasado, al viajar de la Ciudad de México a San Juan Colorado para dar seguimiento a la denuncia de violación contra su sobrina, se enteró de que “Ana” había sido entregada a Ponciano G. G. y su esposa Ricarda G. M., aquella familia la tenía trabajando en su casa para que solventara sus gastos de alimentación y médicos relacionados con su embarazo.
Tanto el padrastro Efrén N. G., como Florencia Quiroz, mamá de “Ana”, informaron a Rafael que para poder recuperar a la adolescente tendría que pagar 14 mil pesos a Ponciano G. G., “para que no hubiera escándalo”.
Él rechazó esa acción y acudió ante la sindicatura del municipio para denunciar este nuevo delito y manifestar sus sospechas de que el agresor sexual de “Ana” era el padrastro, quien junto con Florencia habían entregado a “Ana” a Ponciano G. G., bajo argumento que se irían de migrantes a Estados Unidos.
En el acta en el que la autoridad municipal de San Juan Colorado avaló que “Ana” permaneciera bajo la tutela de Ponciano G. G., éste manifestó lo siguiente: “Yo busqué la manera de cómo hacer bien las cosas e incluso hablé con la licenciada que llevaba el caso de ‘Ana’ en la Fiscalía del estado, ubicada en Pinotepa Nacional, del número telefónico que me proporcionaron en la sindicatura municipal, donde me comentaron que la mamá de ‘Ana’ es la que debe continuar el caso porque yo quiero ayudar a ‘Ana’, ya que supe lo que le pasó y pues yo no tengo hijos con mi esposa y queremos que ‘Ana’ y su hijo vivan con nosotros”.
En el acta quedó asentado que Ponciano G. G. se quedaría con la tutela de “Ana” hasta el nacimiento del bebé, sin embargo, luego del alumbramiento éste se negó a entregarlas.
El 12 de enero “Ana” dio a luz en el Hospital de Pinotepa Nacional, Ponciano G. G. exigió al hermano de la menor de edad se retirara del lugar o que le pagara 5 mil pesos por el derecho a quedarse. Al día siguiente “Ana” fue dada de alta y fue llevada de nueva cuenta a La Soledad.
Ante lo anterior, el tío, el hermano y el abuelo de “Ana” acudieron a las autoridades para solicitar el rescate de la menor de edad. El 18 de enero fue rescatada y llevada con su abuelo, sin embargo, al día siguiente la Fiscalía de Pinotepa Nacional trasladó a “Ana” a la capital del estado hacia el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
Nelly Martínez Echartea, representante en Oaxaca del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) quien ha dado acompañamiento al caso, explicó que además de la serie de violaciones a protocolos por parte de las autoridades en el traslado de las dos menores de edad, han sido omisas por varios meses ante la denuncia de violación.
“Si la madre biológica presentó una denuncia por violación ¿Por qué la Fiscalía no dio seguimiento? Cuando acudí a Jenny Gamboa, titular de Género de la Fiscalía, le dije que había una carpeta de investigación iniciada, dijo que iba a pedir que se buscara y después negó que existiera la carpeta. Ahora ya revivieron la carpeta. El martes en la noche que entregaron a las niñas con el papá abuelo, el tío y el hermano, todavía en ese momento, la MP de nombre Maribel les dijo que dejaran a las niñas al señor Ponciano porque ahí estaría mejor”, denunció.
El pasado viernes 14 de enero, la policía municipal, la MP de nombre Maribel y la psicóloga acudieron a la localidad para realizar la recuperación de la menor. A pesar de haber ingresado al domicilio de Ponciano G. G. no ejecutaron la acción, por el contrario, al entablar comunicación con la organización acompañante del caso trataron de convencerlas de que lo mejor era dejar a Ponciano G. G. la tutela de las dos menores de edad. Las funcionarias públicas argumentaron que al vivir en la pobreza el abuelo, el hermano y el tío no tendrían posibilidades para sostener los gastos que implicaba, entre otros, refirió la defensora de derechos humanos.
Las dos menores de edad finalmente fueron canalizadas al CEJUM en la capital del estado en donde la mantienen incomunicada con su tío, quien se opuso a que la trasladaran sin la compañía de un familiar.
Por estos y otros hechos relatados, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente DDHPO/098/(09)/OAX/2022.
“No es una retención ilegal ni mucho menos, en todo momento se le explicó a la adolescente por medio de un equipo multidisciplinario cuál era la situación de traslado, los motivos, tan es así que un familiar de la adolescente de 17 años se le permitió el acompañamiento de un familiar de Pinotepa a Oaxaca. Ellas no van a ser trasladadas al DIF, permanecen en un lugar de resguardo, seguro, ellas están bien, están estables, también se están haciendo las diligencias correspondientes de los peritos para atención médica especializada para ambas menores”, señaló Tania Albarrán Ocampo, directora del CEJUM.
De acuerdo con la funcionaria, la razón por la que fueron trasladadas a la capital es para su salvaguarda debido a que la adolescente refirió violencia dentro de su núcleo familiar.
De su lado, organizaciones feministas a través de un documento dirigido al gobernador del estado exigieron atención y resolución inmediata al caso, así como la destitución de la fiscal de Género de la Costa, Maribel Nicolás Melo y de la Directora del CEJUM, Tania Albarrán, al señalar que “con este tipo de acciones se muestran incompetentes para su puesto, vulnerando la seguridad de las mujeres e infancias, además de perpetuar prácticas de violencia institucional y de una revictimización de las mujeres”.
