A tres años de la implementación de la prisión preventiva oficiosa con la ampliación de su aplicación de oficio, la población en los centros penitenciarios del país ha incrementado 13 por ciento.
Así lo identificó un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que refiere que esta medida tampoco ha demostrado su efectividad para disminuir la incidencia delictiva.
El documento titulado “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad.
Refirió que desde el año 2008 esta medida cautelar aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros que, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.
Señala que, entre 2020 y 2021, a partir de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio, aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional.
