En Oaxaca, el Poder Judicial del Estado ha impulsado la libre determinación, el autogobierno y la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, con una mirada plural de la justicia, afirmó el magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, al inaugurar el Segundo Encuentro del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas.
Ante el director de Educación y Desarrollo Sostenible de UNESCO para América Latina y el Caribe, doctor Javier López Sánchez y el presidente del Observatorio, magistrado en retiro Miguel Ángel Carballido Díaz, señaló que en nuestra entidad se ha impulsado no solo el reconocimiento, sino una serie de modificaciones normativas, mecanismos y estrategias para armonizar y facilitar la coexistencia de los sistemas normativos estatal, indígena y afromexicano en el país.
Consideró que pareciera que se ha avanzado mucho en el reconocimiento y ejercicio de los sistemas normativos indígenas en el ámbito electoral, la consulta previa, libre e informada y el pluralismo jurídico. Sin embargo, su proceso de fortalecimiento se ha visto amenazado ante problemas globales que vuelven a contraponer las visiones de gobernanza, por lo cual reconoció la trascendencia de este encuentro como un ejercicio para revisar retos y fortalecer acciones a favor de los derechos indígenas.
“Para el Poder Judicial, esta mirada plural de la justicia ha sido un tema que nos ha ocupado. Hace siete años se integró la Sala de Justicia Indígena única en su tipo en el país y en la región, desde donde se han construido criterios y sentados bases para juicios de derechos indígenas”, enfatizó en su intervención en la ceremonia realizada en la sede de la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO).
En su oportunidad, el presidente del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas, explicó que este organismo es una iniciativa de los tribunales electorales de México como un espacio de discusión e intercambio entre especialistas en política electoral y derechos indígenas de diversas instituciones públicas y privadas del país y organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Brasil y Guatemala, con el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
