La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al–Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de la Unión en México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Destacó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos.
Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México.
Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», advirtió Al-Nashif.
