La ruta para la elección de jueces, magistrados y ministros ha entrado en la recta final. Los nombres de los finalistas que se disputarán el voto popular en las urnas para ganar alguno de los más de 881 cargos de impartición de justicia están listos.
Están María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; Natalia Téllez Orozco, magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa impulsada por Morena y personajes cercanos al ministro en retiro, Arturo Zaldívar, como la magistrada Fabiana Estrada. También resaltan Paula Villegas Sánchez Cordero y Jorge Emilio Sánchez Cordero, hija y sobrino, respectivamente, de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, hoy diputada.
También están Marisela Morales, titular de la Fiscalía General de la República entre 2011 y 2012, en el último año del gobierno de Felipe Calderón (PAN), primera mujer en encabezar la institución y en el contexto de la cruenta guerra contra el narco. También, Eduardo Santillán, candidato a alcalde, Esteban Martínez Mejía, representante suplente de Morena ante el INE; y Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura Federal.
Dora Alicia Martínez, exdiputada del PAN, y Ulises Carlín, consejero jurídico del Gobierno de Samuel García en Nuevo León, son otros de los aspirantes a ministros en las listas del Poder Judicial. Adriana Favela, exconsejera del INE.
Luis Espíndola Morales, el magistrado de la Sala Regional Especializada que determinó que Andrés López Obrador incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral, es otro de los nombres de candidatos que buscarán las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral vía el Poder Judicial.
En suma, se trata de unos 3.000 candidatos que han de distribuirse en las seis boletas que el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto para la inédita jornada electoral.
Estas listas aún deben pasar por el filtro de los respectivos poderes, según corresponda. Los listados finales del Poder Judicial fueron remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los del Poder Legislativo al Senado y los del Ejecutivo a la Presidencia.
El arranque de las campañas también ha entrado en conteo regresivo. El 30 de marzo todos los candidatos podrán iniciar su promoción respetando los lineamientos aprobados previamente por el INE. La autoridad electoral vigilará y aplicará unas sanciones muy similares a las de las elecciones a cargos públicos, incluida la pérdida del registro de la candidatura. Entre los factores para ser sujetos de infracciones está la omisión en el reporte de gastos de campaña.
